Una investigación publicada en Cadernos de Saúde Pública relaciona la falta de ingresos y de pensiones con la elevada prevalencia del problema en 14 comunidades de Salvaterra, en la isla de Marajó (PA)
La inseguridad alimentaria afectaba al 88,9 % de las familias quilombolas de Salvaterra, en la isla de Marajó (PA), en 2021. Este dato, presentado en un estudio publicado en Cadernos de Saúde Pública (CSP), pone de manifiesto la magnitud de la vulnerabilidad alimentaria en las comunidades tradicionales de la Amazonía brasileña y refuerza la relación entre los ingresos, la protección social y el acceso a los alimentos.
El estudio evaluó a 434 familias de 14 comunidades quilombolas del municipio y reveló que más de la mitad de los hogares se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. Entre los participantes, el 33,1 % se encontraba en situación de inseguridad alimentaria grave, el 21,4 % en situación moderada y el 34,3 % en situación leve.
Según las autoras, los resultados deben interpretarse a la luz de las desigualdades históricas que caracterizan estos territorios: «el debate sobre la inseguridad alimentaria en las comunidades quilombolas es complejo, ya que se inscribe en un proceso histórico marcado por la lucha contra las amenazas territoriales y por la reivindicación de políticas públicas concretas que inciden en el acceso a los alimentos tradicionales; todos estos aspectos reflejan el racismo».
El estudio se llevó a cabo entre junio y julio de 2021, un periodo posterior a la primera ola de la COVID-19 y marcado por los efectos del debilitamiento de las políticas de protección social. Aunque la pandemia ha agravado las dificultades a las que se enfrentan diversas poblaciones, las autoras señalan que la situación observada revela un problema estructural: «La emergencia sanitaria de la COVID-19 ha puesto de manifiesto, aunque no necesariamente ha modificado, la situación de vulnerabilidad alimentaria ya existente», afirman en la discusión del artículo.
Los ingresos y la pensión como factores centrales
De carácter transversal, el estudio utilizó la Escala Brasileña de Inseguridad Alimentaria (EBIA) para clasificar a las familias y recurrió a modelos de regresión logística multinomial para identificar los factores asociados al problema. Los resultados muestran que la ausencia de ingresos procedentes de una pensión fue uno de los factores más estrechamente relacionados con la inseguridad alimentaria: las familias que carecían de esta prestación tenían el doble de probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria leve y cinco veces más probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria de moderada a grave, en comparación con las familias con pensión.
La renta familiar per cápita también resultó determinante. Las familias que vivían con una renta per cápita de hasta 194,46 reales por persona tenían nueve veces más probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria moderada o grave, y aquellas que se situaban en el rango comprendido entre 194,47 y 366,33 reales tenían hasta cuatro veces más probabilidades, siempre en comparación con las familias con una renta per cápita más alta. Por el contrario, pertenecer a las clases económicas B/C —indicador de una mayor capacidad de consumo— actuó como factor de protección, reduciendo en un 21 % la probabilidad de sufrir inseguridad alimentaria moderada o grave.
Para las autoras, este conjunto de hallazgos confirma que «los ingresos y su composición son los principales factores asociados a la inseguridad alimentaria» entre las familias quilombolas estudiadas.
Un retrato de la desigualdad histórica
Aunque los factores económicos han sido los principales asociados a este resultado, el estudio destaca que la inseguridad alimentaria en las comunidades quilombolas no puede explicarse únicamente por la insuficiencia de ingresos.
Las autoras sostienen que estos territorios conviven con procesos históricos de exclusión, conflictos sobre la propiedad de la tierra y amenazas al modo tradicional de producción de alimentos. En este contexto, destacan que la agricultura de subsistencia contribuye a la preservación del medio ambiente, pero se enfrenta a amenazas relacionadas con el derecho a la tierra.
El artículo también señala que la expansión del monocultivo de arroz en las zonas quilombolas de Marajó sustituye las prácticas agrícolas tradicionales y afecta la disponibilidad de recursos naturales. Tal y como describen las autoras, este proceso «sustituye la agricultura familiar por una lógica productiva capitalista propia de los latifundios, contaminando la tierra y el agua con pesticidas», lo que lleva a las familias a depender de la venta de su mano de obra y de los programas de transferencia de ingresos para garantizar su alimentación.
Políticas públicas y vías posibles
Las autoras señalan el Programa Aquilomba Brasil, instaurado en 2023 por el Gobierno federal, como una vía posible para abordar el problema, ya que entre sus objetivos prioriza la producción sostenible, la generación de ingresos y la seguridad alimentaria. Sin embargo, destacan que la eficacia de esta y otras políticas depende del acceso de las comunidades a la información y a las infraestructuras que ofrecen tanto la administración municipal como las organizaciones sociales quilombolas.
En la conclusión, el artículo señala que la prevalencia de la inseguridad alimentaria observada en Salvaterra pone de manifiesto «la desigualdad estructural y racista» a la que se enfrentan las comunidades quilombolas y sostiene que superar esta situación depende tanto de la garantía de los derechos territoriales como del refuerzo de las políticas de protección social.